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Volverán las oscuras golondrinas, pero… Y las JOYAS BIBLIOGRAFICAS, Volverán?

28 julio 2009

10 de abril de 2003, a 6 años y medio del asunto, no hay tu tía ni los libros de la familia.

Pero… a qué no saben quien era el Fiscal que investigó el asunto?

Y a qué no saben qué castigo recibieron los funcionarios involucrados?

Y el listado de las Joyas robadas, on tá?

Una cosa es ser memorioso, y otra TENER ARCHIVO. Pasen y lean…

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A cinco años del robo de las joyas bibliográficas, la causa sigue impune


Cuidado. En el llamado Sector 1, las joyas bibliográficas que no se llevaron se preservan a determinada temperatura.
El 10 de abril de 2003 se descubrió el hurto de 136 libros de la Biblioteca San Martín. Son de los siglos XVI al XVIII.

A cinco años del robo de las joyas bibliográficas, aún no hay culpables materiales ni responsables administrativos. Sin siquiera una mínima pista de cuál fue el destino de los preciados libros, los de la Biblioteca Pública General San Martín están decididos a que ni el público ni los funcionarios se olviden del hecho y haya respuesta. Un día como hoy, pero del 2003, muchos se enteraron que en la principal biblioteca pública provincial se atesoraban cerca de 3.000 libros, considerados por su edad como “joyas”. La causa: se descubrió que 136 de ellos habían desaparecido. Se trató de un aparente robo hormiga, ya que los volúmenes hurtados formarían un prisma de 1metro cuadrado por 2 de alto. Se habló de un informante o entregador interno y otras hipótesis que no fueron demostradas. Sí se confirmó que lo que se habían llevado no tenía valor económico, sino patrimonial, por lo cual de haber sido un robo por encargo, al final de trayecto había algún coleccionista.

Mientras los datos de los libros, el más antiguo de 1542 y el más nuevo de 1788, se cargaron en la página de Interpol, de oficio se inició una investigación a cargo del fiscal Eduardo Martearena.

A la par, un particular, el historiador Armando López, se presentó como querellante. De ese proceso, resultó la imputación por malversación culposa de quien era subsecretario de Cultura, Guillermo Romero; su encargada de Patrimonio, Ana María Villalobos; y de quien era directora de la Biblioteca, Haydeé Magnani. Pero todos fueron desvinculados ya que el juez consideró que no tenía prueba para sostener la imputación. Eso, hace tres años y desde entonces el expediente entró en punto muerto.

“He intentado como diez veces hablar con Martearena para saber cómo va la causa. Sólo una vez me respondieron que me fuera a la fiscalía y que a lo largo de la mañana, tal vez, me atendería”, aseguró Facundo Mercadante, actual director de la biblioteca. Mercadante y todos los empleados de la entidad están empeñados en que éste no sea un hecho delictivo más. “Queremos que no se borre de la memoria el que hemos perdido parte de nuestro patrimonio. Por ello, vamos a colgar la lista de los 136 libros en las páginas web de la Secretaría de Cultura y en la que pronto habrá de la biblioteca”, adelantó. Además, este suceso será uno de los temas que se presentarán el 3 y 4 de junio en el Congreso de Tráfico Ilícito de Bienes Patrimoniales, que tendrá a Mendoza como sede. “Además de la falta de respuesta de parte de la Justicia, está lo emocional–destacó Mercadante–. Cuando entró al sector dónde estaban y veo el vacío que quedó, se siente algo terrible”, confesó.

Comentario
antaño Si bien las 136 joyas bibliográficas robadas hace cinco años no tienen remplazo, la Biblioteca General San Martín podría sumar varios volúmenes a su colección de preciados libros de antaño. Se trata de 477 libros publicados entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XX, incautados en 2004 en la Aduana cuando intentaban salir rumbo a Chile. Junto con los miles de libros que se conservan como joyas bibliográficas, estos 477 pueden ser vistos por los visitantes. Para ello, deben presentar documento y en caso de ser menores de 21 años, hacerlo acompañado por un adulto. Esto, pese a que la causa por la incautación aún no está cerrada, pero en la biblioteca consideran que cuentan con los recaudos como para que nadie los dañe o se los lleven. Peor sería que estuvieran ociosos y escondidos. Se trata de una biblioteca completa, con textos en francés e inglés, entre los que destacan varias biblias de 1700, de gran tamaño y lujosa encuadernación; novelas de Víctor Hugo y Honoré Balzac, impresos en 1889 y un Don Quijote de la Mancha, con grabados espectaculares y que data de 1863. Iban camino a Chile en un camión que llevaba muebles y libros que supuestamente eran objetos para decoración y fueron declarados por un valor de un dólar cada ejemplar. Eso despertó la sospecha de los empleados de Aduana, que tras incautarlos los dejaron en guarda en la biblioteca. “Aún la causa está abierta, por lo cual no sabemos si la guarda será permanente. Pero nos gustaría que así fuera. Con ello no remplazamos las joyas que nos hurtaron, pero serviría para recuperar la confianza ante la comunidad de que somos un lugar para conservar patrimonio y ahora, con más seguridad que hace cinco años, que no había alarmas”, consideró el director de la entidad, Facundo Mercadante. Fuente: Diario Uno Sección: POLICIAL Autor: Fabian Sevilla Fecha del Articulo: 10-04-2008
Sin responsables, sin indicios certeros y -sobre todo- sin recuperar ni uno solo de los libros robados, se archivó la causa llamada ‘Joyas bibliográficas’, el robo de más de cien ejemplares históricos de la Biblioteca General San Martín ocurrido en abril de 2003.

La Sexta Fiscalía Correccional, que investigaba a cinco funcionarios de haber cometido el delito de ‘malversación culposa’ sobreseyó a todos, con lo que la causa que tanto revuelo causó en su momento va camino, inexorablemente, al archivo.

No hubo culpables (los ladrones nunca fueron atrapados ni identificados) ni tampoco responsables (no se comprobó que ningún funcionario haya hecho algo mal).

Los beneficiados con la medida fueron Guillermo Romero (por entonces subsecretario de Cultura), Ana Villalobos (ex directora de Patrimonio), María Elena Nanclares (subdirectora de la Biblioteca y familiar directa de Ernesto Nanclares, presidente de la Suprema Corte local), Haydée Bozzo (por entonces a cargo de la dirección de la Biblioteca) e Ignacio Ciordia (cuidador de la Biblioteca).

Todas estas personas fueron sobreseídas, con lo que no se las puede volver a acusar de ese delito.

La información fue suministrada a este diario por los abogados Pablo Cazabán y Fabián Hathallah, quienes representaban la parte querellante en este suceso. Para los letrados, lo ocurrido es “una falta de respeto a la Justicia y un paso gigante de la impunidad”.

“El suceso tiene también algo de inédito -decía ayer Cazabán- nunca el Estado se presentó como querellante a pesar de haber sido la víctima del despojo. No lo hizo la Fiscalía de Estado ni ningún otro órgano”.

El robo

Entre los días 8 y 10 de abril de 2003 alguien se llevó más de 100 libros considerados joyas bibliográficas de la Biblioteca San Martín, ubicada en Remedios Escalada al 1800 de ciudad. En el expediente que se sustanció en primer término en el juzgado de Eduardo Martearena, el caso fue tipificado como ‘hurto agravado’. Pero la investigación por este hurto no avanzó nada en el lapso de un año.

Luego de ese tiempo sin novedades, un licenciado en Historia se constituyó en querellante y la causa pareció ganar en movilidad. Pero sólo pareció. Al cabo de un tiempo en el que el expediente se alimentaba de elementos como la falta de un sereno y de un sistema de alarmas en la Biblioteca (todo esto ocurrido antes del atraco), no hubo indicios y pruebas de los ladrones. Muchos creen que los libros fueron comercializados en Europa donde el mercado negro cuenta con coleccionistas que pagan muy bien por esas joyas.

Sin la mínima posibilidad de dar con los ladrones, el caso pasó a la Sexta Fiscalía Correccional bajo el delito de malversación culposa (según el art 262 del Código Penal, se trata de la responsabilidad de un funcionario público para evitar que se roben elementos que son del Estado). De ese delito fueron acusados estas cinco personas.

El tiempo pasó con la misma parsimonia y desde la Fiscalía actuante -por la que pasaron más de cuatro fiscales subrogantes durante la investigación- no se pudo comprobar la responsabilidad de ninguno de los funcionarios acusados. Así, la semana pasada llegó la cédula que los acusados esperaban: la del sobreseimiento definitivo.

No hay culpables ni responsables políticos de uno de los casos más resonantes de los últimos años.

Fuente: Los Andes On Line

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